CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES /
TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES /
Mediante auto de unificación la Sección unificó su postura en relación con el término de caducidad del medio de
control de controversias contractuales de contratos que han
sido liquidados de manera extemporánea.
Síntesis del caso: La controversia es originada en la inconformidad que manifiesta el contratista frente
al contenido del acta de liquidación que fue suscrita por ambas partes después del vencimiento del término convencional o legal supletorio que tenían las partes para que esa operación se realizara de forma
concertada (de 4 meses), y de la finalización del término que tenía la administración para liquidarlo unilateralmente (de 2 meses), pero dentro de los dos años posteriores al vencimiento de este último.
Problema Jurídico 1: “¿En los casos en que la liquidación del contrato se haya producido después del vencimiento del término convencional y/o legalmente dispuesto para el efecto, pero dentro de los dos años
siguientes a este vencimiento, ¿el conteo del término
de caducidad del medio de control de controversias
contractuales debe operar a partir de la suscripción
de la liquidación efectiva de aquel?”
Tesis 1: “[L]a Sala Plena de Sección Tercera unificará
su postura en relación con el término de caducidad
del medio de control de controversias contractuales
de contratos que han sido liquidados de manera extemporánea (…)
[E]l artículo 11 de la Ley 1150 de 2007
(en adelante, artículo 11), particularmente en su inciso
tercero, (…) permite que la liquidación bilateral se
acuerde después del vencimiento del término pactado en el contrato o previsto en los documentos antepuestos, o, del término supletorio que para la concertación de la liquidación establece la ley, e incluso,
después de haber pasado los dos meses subsiguientes a dicho vencimiento sin que la administración lo
hubiera liquidado unilateralmente, bajo condición de
que el acuerdo liquidatorio se logre dentro del lapso
de dos años contados a partir del vencimiento del término legalmente conocido para la liquidación unilateral, pues ese es el lapso que el ordenamiento ha fijado
para el ejercicio oportuno de la acción. (…)
[E]l artículo
11 de la Ley 1150 de 2007 (…) convirtió en ley lo que
la jurisprudencia de esta Sección venía expresando de tiempo atrás, en respuesta a la preocupación por dejar el término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales a la voluntad de las partes, manifestada en el momento en que estas liquiden
el contrato público. (…)
De este modo, cuando el artículo 11 advierte que la liquidación bilateral extemporánea puede practicarse “sin perjuicio” de los términos de caducidad de los medios de control
contenidos en el artículo 164 del CPACA, supone la
aplicación restrictiva de esta norma al supuesto de
hecho que expresamente corresponde a ese evento,
a saber, el del ap. iii. del literal j. (…)
Por lo anterior, considerando las pautas de interpretación restrictiva de
los términos de caducidad, y de favorabilidad bajo los
principios pro homine, pro actione y pro damato, la
Sala recoge parcialmente su jurisprudencia para establecer una forma unificada que: en el evento en que la
liquidación bilateral del contrato se haya practicado
luego de vencido el término pactado o supletorio (de
4 meses) para su adopción por mutuo acuerdo y del
período (de 2 meses) en que la administración es habilitada para proferirla unilateralmente, pero dentro de
los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo
para la liquidación unilateral, el conteo del término de
caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de
la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del
contrato, conforme al ap. iii del literal j.
En este sentido, el apartado v) del literal j solo se deberá aplicar
cuando al momento de interponerse la demanda, el
operador judicial encuentre que no hubo liquidación
contractual alguna.”
En relación con la oportunidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales, en eventos en que el contrato objeto de litigio requiere liquidación, la Sección Tercera ha hecho varios pronunciamientos para suplir
el vacío legal existente por la ausencia de una norma específica sobre la materia. Al respecto ver sentencia del 29 de enero
de 1988, Exp. 3615, sentencia del 16 de noviembre de 1989, Exp. 3265 y 3461, auto del 19 de febrero de 2004, Exp. 24427.
En relación con las diferentes posturas de la Sección Tercera, referentes al conteo del término de caducidad de la acción
de controversias contractuales, cuando se trata de contratos sometidos a liquidación, ver sentencia de 13 de junio de 2013
Exp. 25439, de 24 de julio de 2013, Exp. 42002, auto del 9 de septiembre de 2013, Exp. 47610, auto del 15 de septiembre de
2011, Exp. 41154, sentencia de 7 de noviembre de 2012, Exp. 25915, auto del 23 de junio de 2017, Exp. 57287.
INTERPRETACIÓN JUDICIAL / PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL / PRINCIPIO PRO ACTIONE /
PRINCIPIO PRO HOMINE / PRESUPUESTOS DEL PRINCIPIO PRO HOMINE / OPORTUNIDAD PARA
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CARGAS PROCESALES / CARGA DE LA PRUEBA
Problema Jurídico 2: ¿Los criterios que ilustran la interpretación judicial más adecuada para el análisis de
la presentación oportuna de la demanda, son los principios pro actione, pro damato y pro homine?
Tesis 2: “[E]sta Corporación, en todas sus secciones
y en relación con buena parte de los medios de control, ha aplicado los principios pro actione, pro damato y pro homine como criterios ilustradores de la
interpretación judicial más adecuada en el análisis de
la presentación oportuna de la demanda. Son estos
los criterios para atemperar la aplicación inmediata
de los términos de caducidad, sobre todo en etapas
tempranas del proceso (v.gr. admisión de la demanda).
Vale decir que estas pautas de interpretación desarrollan supuestos diferenciados. El principio
pro homine es un criterio hermenéutico propio de los
sistemas de protección y garantía de eficacia de los
derechos humanos y, como tal, constituye un parámetro para la aplicación de normas procesales, entendidas como vías de amparo a los derechos inalienables de la persona, lo que justifica el empleo de una
interpretación más favorable a su materialización. (…)
El principio pro actione o pro proceso es un criterio
de interpretación favorable al acceso a la administración de justicia y expresa el principio de primacía de
la realidad sobre las formas. Bajo esta fórmula, si en
el caso concreto existe duda u oscuridad en la aplicación de normas adjetivas deberá prevalecer aquella
que posibilite la discusión judicial del asunto.
Mientras que el principio pro damato pertenece al ámbito
de los procesos encaminados a la reparación de daños, auxilia a quienes acuden al trámite judicial en calidad de víctimas de estos (…)
En esa dirección, el
CPACA, en su artículo 103, (…) resalta el deber de
cumplir con las cargas procesales y probatorias por
parte de quienes acuden a la jurisdicción, dentro de
las primeras, por supuesto, se encuentra la de atender los términos procesales contenidos primordialmente en las normas adjetivas.”
