La Sección Segunda profirió sentencia de unificación en relación con el
reconocimiento de la pensión gracia, al establecer que los recursos
provenientes del situado fiscal, una vez incorporados al presupuesto, son de
propiedad de los entes territoriales y no tienen la virtualidad de mutar la
vinculación de los docentes territoriales o nacionalizados en nacionales,
respecto de aquellos en los que ha intervenido el fondo educativo regional.
Síntesis del caso: Docente solicita el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue
negada por la administración, ya que el tiempo con el que pretende acreditar el requisito
de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 no puede ser computado
por haber desempeñado el cargo en interinidad.
El Tribunal, afirma que se encuentra
acreditado que la demandante se desempeñó como docente territorial o nacionalizada y
que los salarios se pagaron con recursos provenientes del ente territorial en el tiempo
de servicio prestado con anterior a 1980, lo que no sucede con las vinculaciones
subsiguientes, pues los salarios se cancelaron con recursos provenientes del situado
fiscal y, por tanto, la vinculación docente es de carácter nacional y no puede
considerarse para el reconocimiento pensional.
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FONDOS
EDUCATIVOS REGIONALES – Naturaleza /
PRUEBA DE LA CALIDAD DE
DOCENTE TERRITORIAL
Problema jurídico: ¿“Los docentes nombrados por entidades territoriales, cuyos pagos
salariales fueron financiados en su momento con recursos del situado fiscal,
posteriormente sistema general de participaciones, en cuya vinculación además haya
intervenido el respectivo fondo educativo regional (FER), ostentan la condición de
educadores nacionales en virtud de que los recursos para el pago de sus acreencias
laborales provienen directamente de la Nación”?
Tesis:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron
en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se
incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares
directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema
general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes
locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24
de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —
situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el
universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado
que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por
tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten
en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además
del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para
su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de
docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o, en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
